¿ Y el agua, cuándo? Parte II

El médico veterinario René Urzúa de Biofiltra, concluye su reflexión respecto de la necesidad de atender de manera urgente el problema del agua en nuestro país.

A nivel global, Chile puede considerarse como un país privilegiado en materia de recursos hídricos. La escorrentía media total equivale a 51.281 m3/persona/año (DGA, 2016), mayor a la media mundial de 6.600 m3/persona/año, y muy superior al umbral para el desarrollo sostenible de 2.000 m3/persona/año. Sin embargo, a lo largo del país el escenario hídrico varía significativamente. Desde la Región Metropolitana al norte prevalecen condiciones de escasez y la escorrentía per cápita está por debajo de los 500 m3/persona/ año; y desde la Región de O’Higgins hacia el sur se superan los 7.000 m3/persona/año, llegando a un valor de 2.950.168 m3/persona/año en la Región de Aysén (DGA, 2016).

Además de las diferencias de disponibilidad hídrica en las macrozonas, existe un desfase en los tiempos de ocurrencia de la oferta respecto al momento de demanda, principalmente para el sector agrícola, el cual utiliza el agua entre agosto y abril mayoritariamente, ocurriendo la mayor oferta por precipitaciones durante los meses de invierno.

En tanto, una realidad muy distinta a la urbana es la situación de los servicios sanitarios en localidades rurales. La forma principal de abastecimiento es mediante sistemas de APR, cuya mantención y operación es responsabilidad del Estado.

Históricamente, el Estado no ha invertido de manera significativa en soluciones de agua potable para localidades dispersas por la baja rentabilidad social (creo que sí ha sido significativa la inversión, pero lenta y burocrática y con poca medición de resultados sobre todo en donde van a parar las aguas, es decir en la solución final). Ello resulta que en estos sectores dispersos, las soluciones suelen ser precarias y de carácter individual. Se estima que alrededor de 510 mil personas habitan en localidades rurales dispersas (Compromiso País, 2019).

En cuanto al saneamiento en zonas rurales, esta es una tarea pendiente. Se estima que la cobertura de alcantarillado en el mundo rural no supera el 25% (Dirplan-MOP, 2018). La nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales le asigna dicha responsabilidad al MOP (en todo caso el APR siempre ha sido responsabilidad del MOP, donde el problema es que no hay técnicos ni personal suficiente, ni visión a futuro). Dicha ley entrará en vigencia una vez que la Contraloría tome razón del correspondiente reglamento.

En la práctica, la implementación de un APR rural dada las burocracias propias del sistema, los conflictos relacionados a propiedad de terrenos en comunidades rurales, entre otros inconvenientes; llevan a ejecuciones de plantas de entre 5 a 10 años, lo cual es insólito, sin embargo, real (tampoco se consideran soluciones no tradicionales, no se han abierto a qué posibilidades ofrece el mercado de mejorar los sistemas que hoy están obsoletos sobre todo en este contexto histórico).

En tanto, dados los avances tecnológicos, las posibilidades de uso de las aguas servidas tratadas con fines productivos, e incluso para consumo humano como ocurre en países tales como Singapur, Israel o Australia; imponen nuevos desafíos. Dada la alta cobertura de saneamiento en zonas urbanas del país, existe una cantidad significativa de recurso hídrico disponible en aguas servidas tratadas. En total, en Chile se tratan cerca de 1.284 millones de m3 de aguas servidas al año, equivalentes a un caudal medio de 40,7 m3/s. Más de un 22% de estas son vertidas al mar, esto representa un recurso significativo que podría ampliar la disponibilidad neta de agua en las cuencas.

Dentro de los desafíos que deben ser abordados para viabilizar el reúso de las aguas servidas tratadas, se encuentra la discusión acerca de la propiedad de este recurso. Existe una discrepancia entre los agricultores y las empresas sanitarias, principalmente respecto de los derechos y obligaciones que establecen las concesiones de disposición de aguas servidas para sus titulares en cuanto al grado de depuración y/o tratamiento de las aguas servidas, el cuerpo receptor y los puntos de descarga del agua depurada o tratada, las exigencias de calidad del agua descargada, y el destino predefinido de dichas aguas tratadas.

Es causa de titulares de diarios y noticias varias veces en el año, las multas millonarias por incumplimiento de normativa medioambiental con las que son infraccionadas diversas empresas sanitarias, que por lo demás son monopolios sanitarios; situación que por supuesto da para mucha especulación y debate, junto con la inscripción de derechos de agua de manera felina e indiscriminada por parte de privados cuando es justamente este recurso un capital natural extraordinario de nuestro país y de todos los chilenos.

En resumen, el agua es cada vez un tema más relevante en nuestro país, sin embargo, la institucionalidad vigente para la gestión del agua presenta una serie de problemáticas que han sido identificadas por diversos estudios, siendo quizás en términos generales la falta de coordinación, integración, determinación, visión de futuro de las autoridades e instituciones las que están retrasando una adecuada gestión del recurso en nuestro país. Hoy es de vital importancia que exista una política de Estado, transversal que se defina por grupos de expertos, de innovación, además de organizaciones sociales, y que no varié según el Presidente electo; sino que se respete en cuanto a sus tiempos y cumplimiento; ya que el agua es un patrimonio de todos quienes vivimos en el territorio nacional.

Estamos al debe en esta materia y es de suma importancia que:

1.-Chile tenga una política clara, innovadora, de futuro sobre la gestión del recurso agua.

2.-Mayor fiscalización, que en muchos aspectos es muy deficiente en nuestro país.

3.-Revisar el marco sancionatorio para quienes no cumplen con la normativa.

4.-Acelerar los procesos de implementación y ejecución de tecnologías e innovación.