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Por Roberto Gaete , 30 de junio de 2021

Tierra del Fuego logró poner los ojos del mundo en Argentina al decir no a la salmonicultura

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Se convirtió en el primer país en prohibir esta actividad antes de su instalación y que arrasa con el ambiente marino y afecta a las comunidades costeras alrededor del mundo. En contraste, organizaciones sociales en Chile toman este ejemplo y piden mayor fiscalización.

La legislatura fueguina aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley que prohíbe la salmonicultura en Tierra del Fuego; actividad que amenaza no solamente al ambiente sino a la salud y la economía de la provincia. La ley, promovida por el legislador Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino, puso a Argentina en los ojos del mundo, posicionando al país como el primero en tomar una decisión de tal magnitud en cuanto al cuidado del ambiente antes de la instalación de la industria en un territorio. 

La sanción de esta ley es una clara y contundente definición institucional que destaca la importancia que tiene para los fueguinos, la protección y conservación de nuestros recursos naturales, del patrimonio genético de nuestros seres vivos y de su ambiente para un desarrollo económico sostenible”, resaltó el legislador Villegas.

En Argentina, el único lugar viable para este tipo de emprendimientos son las prístinas aguas del Canal Beagle en Tierra del Fuego. Estas aguas, además de concentrar el 50% de los bosques de macroalgas que existen en el país, son uno de los grandes sumideros de carbono del planeta y “hotspot” de biodiversidad. 

David Alday, representante de la comunidad Yagán, afirmó: “Es un hito tremendo el que han logrado del otro lado del Canal. Nosotros conseguimos sacar las salmoneras y ustedes lograron que no haya salmonicultura, esto tiene un gran impacto para nosotros, es una señal y un respaldo a nuestra comunidad y territorio indígena y al archipiélago”, y resaltó: “Queremos que en Chile esto se sepa, que del último lugar del planeta se ejecutó un hito contra una industria tan destructiva como la salmonicultura”.

Desde el lado chileno, en la Ecorregión marina de canales y fiordos, los Centros de Engorda de Salmones operan en promedio en un 40% en condiciones anaeróbicas, afectando la calidad de las aguas y sedimentos y, consecuentemente, la biodiversidad. La prohibición en Tierra del Fuego, significa que existirá un reservorio de biodiversidad, lo que permitirá restaurar los mares chilenos que están siendo impactada por esta industria, aunque hay ecosistemas marinos vulnerables en la zona que son de muy lenta recuperación” explica Javier Trivelli, ingeniero de recursos naturales renovables de Geute Conservación Sur, haciendo referencia a un precedente positivo para el país.

El contraste chileno

A diferencia de lo que ocurre en Argentina, la industria salmonera en Chile se inició en la década del 70 y desde entonces ya tiene una gran presencia entre las regiones de La Araucanía y Magallanes. Incluso opera en la reserva nacional Kawésqar y el parque Alberto Agostini, desde donde las comunidades ya han pedido su salida. Chile es el segundo productor de salmón a nivel mundial y sus exportaciones alcanzaron los US$4.389 millones el año pasado. Sin embargo, la actividad no está libre de desastres naturales en las zonas de operación.

El último hecho ocurrió en abril de este año donde se registró la mortandad masiva de más de 5 mil toneladas de salmones en el Fiordo Comau y los canales Jacaf y Puyuhuapi, lo que activó a más de 60 organizaciones sociales, entre ellas Defendamos Chiloé, Adac , comunidades kawésqar y Yagan, Mission Blue, Blue Marine Foundation, AIDA, Amigos de los Parques, ONG FIMA, Chao Pescao, Cetacea, entre otras, e incluso una campaña digital de Patagonia Chile para exigir al gobierno mayor fiscalización y protección de los frágiles ecosistemas del sur.

Fundación Terram y Geute Conservación Sur fueron parte de estas organizaciones quienes entre los años 2017 y 2018 ingresaron tres acciones a la Contraloría para realizar auditorías a la industria. El resultado se dio a conocer hace unas semanas cuando el ente rector detectó una serie de falencias en la cadena de fiscalización de diversos órganos a la industria salmonera.

Trivelli, señala que “hay que hacer un congelamiento de nuevas concesiones de acuicultura y evaluar bien donde están emplazadas. Tenemos más de 500 Centros de Engorda de Salmones al interior de áreas protegidas marinas, más de un 30% donde algunos parques no tienen ni siquiera un plan de manejo. Es una industria que tenemos que reordenar, ojalá sacar y deben haber sanciones importantes a los dueños que operen en condiciones anaeróbicas”.

Actualmente, más de 160 organizaciones territoriales y personas tomaron acción nuevamente con una declaración pública contra la propuesta de política nacional de acuicultura para las próximas dos décadas de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en consulta pública entre el 30 de abril y 5 de julio. “Lo que proponemos junto a una serie de organizaciones es principalmente que esto debe detenerse como proceso y supeditarse a la nueva constitución porque es contradictorio que quieras aprobar una política nacional a 20 años siendo que estás en un proceso histórico único constitucional” señala Juan Carlos Viveros, miembro de Defendamos Chiloé.

En la declaración se pide además redirigir los fondos públicos para la investigación que permita comprender los ecosistemas, optimizar las fiscalizaciones, detener las operaciones que están causando un daño en los frágiles ecosistemas del sur e implementar planes de desarrollo local en base a cada territorio y sus comunidades. 

Sobre esto, Flavia Liberona, bióloga y Directora Ejecutiva de Fundación Terram explica: “Hay que reformular la ley de pesca y acuicultura y hay muchos desafíos para hacerla social y ambientalmente más responsable. Es fundamental separar la acuicultura de pequeña escala del debate sobre salmonicultura y poner muchas más acciones de fiscalización y sanción en la salmonicultura o acuicultura intensiva en general. Y en materia presupuestaria, el Estado debe poner fondos para la  fiscalización tanto en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) como en Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA)”.

Si bien hoy se celebra en Argentina un verdadero triunfo ambiental, en Chile aún hay mucho trabajo por hacer, pero esto confirma que efectivamente es posible avanzar hacia una economía nueva, donde las comunidades de vida conviven en armonía y se beneficien mutuamente, construyendo un presente próspero sin hipotecar el futuro de las generaciones venideras. 

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