Voces del sur global exponen impactos en derechos humanos de la minería para la transición energética

Un llamado a la justicia socioambiental es el que realizaron diversas organizaciones ambientales y comunidades.

Representantes de organizaciones de América Latina, junto con miembros de comunidades y pueblos indígenas, expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones a derechos que la extracción de minerales para la transición energética está causando en el continente.

El llamado se realizó el pasado 15 de noviembre en el marco de la audiencia pública regional ante los Comisionados y el Relator de Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (Redesca) de la CIDH

En concreto, abordaron cuatro puntos: crear o fortalecer zonas intangibles libres de minería en consideración a sus valores culturales, climáticos o ecosistémicos y abstenerse de modificar los marcos normativos de protección ambiental y de pueblos indígenas, con el propósito de facilitar la inversión en proyectos de minería para la transición energética sin considerar la protección de los derechos humanos.

Así también, respetar y garantizar el marco de protección del derecho a un ambiente sano, considerando los impactos sinérgicos, acumulativos, a perpetuidad y climáticos y fortalecer sus sistemas de administración de justicia, considerando los principios de prevención y precaución frente a daños irreparables a los ecosistemas, personas y comunidades.

Solicitaron además que la CIDH elabore un informe en la que se examinen las medidas que deben adoptarse por parte de los Estados de la región para garantizar que la promoción de los minerales para la transición no promueva la vulneración de los derechos humanos, especialmente de las comunidades que habitan zonas altamente vulnerables a los impactos de las actividades mineras.

En la audiencia se evidenciaron, con base en casos concretos, las graves problemáticas de derechos humanos asociadas a la minería de litio, cadmio, cobre, cobalto y otros minerales utilizados en el desarrollo de tecnologías para la generación de energías renovables. 

Justicia socioambiental

La instancia contó con la exposición de distintas organizaciones y expertos, como el coordinador de proyectos en ONG FIMA, Chile, Felipe Pino, quien enfatizó que a medida que se acelera el despliegue de proyectos de transición energética, se multiplican las voces que demandan una transición justa.

“Las comunidades más afectadas por la crisis climática, hoy se ven amenazadas por las estrategias para combatir el cambio climático. El éxito de nuestros esfuerzos dependerá de si somos capaces de resolver esta supuesta paradoja de aceleración versus justicia, la cual se expresa con particular fuerza en nuestra región”, señaló.

En tanto, la directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Pia Marchegiani, se refirió al gran interés de estos minerales y la disputa por su control, destacando la importancia de garantizar la justicia, la equidad y la sostenibilidad en la transición energética global.

“Se estima que la demanda de estos minerales crecerá exponencialmente en los próximos años. En algunas previsiones, hasta se podría llegar a cuadriplicar  su demanda global para el 2040 si se cumplen los acuerdos climáticos. Este aumento de la demanda se traduce en una enorme presión para Latinoamérica, que hoy ya provee el 40% de la producción mundial de cobre y el 35% del litio”, informó.

En tanto, el director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), explicó el vínculo entre la extracción de litio y las vulneraciones a derechos humanos.

Por su parte, la representante de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños de Chile, Lady Sandón, enfatizó en que se intenta asegurar la producción a 30 años para explotar litio en ecosistemas frágiles como los salares, no obstante no se han realizado consultas con comunidades indígenas.

Finalmente, la directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Liliana Ávila, destacó que los testimonios evidencian al menos tres elementos transversales: afectaciones al derecho al agua, vulneraciones al derecho a un ambiente sano e impactos agravados a pueblos indígenas y comunidades locales. 

“La región ha experimentado décadas de impactos en los derechos humanos derivados de la extracción de combustibles fósiles. Es indispensable que las nuevas formas de producción de energía superen este legado de abusos”, afirmó.

La audiencia fue solicitada en el marco del 191º período de sesiones de la CIDH por la Fundación para el Debido Proceso, la Fundación Gaia Amazonas y las organizaciones que integran la Alianza por los Humedales Andinos: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional, la Asamblea Pucará de Argentina y el Colectivo de Derechos Humanos Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile, entre otras.