Actualidad
Por Valentina Cortés Lehuei , 6 de septiembre de 2022 | 16:45Cámara de Diputados aprueba proyecto que impide constituir derechos de aguas sobre glaciares
La ley reconoce estas áreas como ecosistemas complejos en las que no se podrán realizar actividades que generen impacto significativo o daño ambiental.
Con 114 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó este martes 6 de septiembre el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares.
El proyecto reconoce entre otros aspectos a los glaciares como "ecosistemas complejos asociados a su entorno, ambientes glaciares y ambientes periglaciares y que son parte del ciclo hidrológico de las aguas”.
Así también, define el entorno glaciar como ambientes dinámicos dependientes del clima que incluyen procesos, condiciones y formaciones terrestres que, no siendo glaciares, posibilitan la mantención del equilibrio de uno o varios de ellos.
A su vez, el entorno incluye el suelo, subsuelo, aguas superficiales y subterráneas. Igualmente, el espacio aéreo del ecosistema que rodea al glaciar y que posibilita la mantención de sus funciones y servicios ecosistémicos.
Actividades prohibidas
Según lo señala el artículo 129 (bis 3 A), no podrán realizarse en los glaciares, zonas de glaciares y entorno glaciar, actividades que generen impacto significativo o daño ambiental.
Estas actividades son: remoción, traslado o destrucción, el desarrollo de actividades sobre la superficie de los glaciares, actividades bajo los glaciares, que puedan alterar su condición natural, acelerar o interrumpir su desplazamiento o acelerar su derretimiento.
Así también la ley considera como acción que perjudica a estos ecosistemas la liberación, vaciamiento o depósito de basuras, productos químicos, material particulado, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen.
Quienes realicen esta actividades en perjuicio de los glaciares serán sancionados con un multa que bordea los $600 millones anuales (10 mil unidades tributarias) de acuerdo a lo informado en el proyecto de ley.
Tras ser aprobado por la Cámara de Diputados el texto pasará ahora al Senado.