Formulan cargos contra titular de proyecto de extracción de áridos Fundo Las Camelias en Los Ríos

La medida fue impulsada por el SMA y ahora la empresa se arriesga a una millonaria multa. Revisa todos los detalles del caso ocurrido en Mariquina.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio, con la formulación de un cargo grave, contra el proyecto “Extracción y Procesamiento de Áridos Fundo Las Camelias”, localizado en la comuna de Mariquina, de la Región de Los Ríos, por no contar con el permiso ambiental requerido para su ejecución.

Este procedimiento se inició luego de que una de las titulares presentara una autodenuncia, por la extracción de áridos en un volumen por sobre los 100 mil metros cuadrados en una superficie mayor a cinco hectáreas, sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que la autorice.

Dicha autodenuncia fue rechazada posteriormente por la SMA por no haberse cumplido con los requisitos legales y reglamentarios. Además, de acuerdo a la ley de Bases Generales del Medio Ambiente, por la magnitud del proyecto la empresa debió someterlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Investigación en terreno y cargos

Con los antecedentes del caso y con el objetivo de cuantificar la evolución de la explotación de áridos, en septiembre del 2023 la SMA realizó una actividad de inspección a través de un análisis geoespacial en el Fundo Las Camelias.

De esta forma se confirmó que el proyecto inició en 2005 y se mantuvo hasta, al menos, el año 2023 y que la extracción se continuaba ejecutando con maquinaria activa y operativa, como chancadoras, retroexcavadoras y un taller mecánico.

La SMA detalló que con estas pruebas se puede sostener que la zona intervenida por el proyecto ha generado la pérdida de bosque nativo, la eliminación de la capa vegetal en suelos no autorizados y un deterioro de los recursos naturales existentes en el predio.

Las infracciones graves podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de hasta 5 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA). Es decir, la empresa se arriesga a una multa equivalente a más de $3.954 millones a valor actual.

El titular tendrá diez días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y 15 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde su notificación.