Comisión de Medio Ambiente aprobó proyecto que protege a defensores ambientales

La iniciativa busca consagrar un marco normativo de protección que haga operativo el Acuerdo de Escazú en el país. Ahora pasará a la Sala de la Cámara Baja.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó recientemente el proyecto de ley que regula la protección de las y los defensores de la naturaleza y los derechos humanos en asuntos medioambientales.

La iniciativa busca consagrar un marco normativo de protección para dichos defensores, el que haga operativo el Acuerdo de Escazú, según se señala en la propuesta.

Así, el objetivo del proyecto es proteger y promover los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales que son reconocidos en: la Constitución Política de la República, Acuerdos Regionales sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, asimismo en tratados internacionales de derechos humanos.

Una de las novedades más significativas, según destacó la organización Escazú Ahora, es la incorporación de medidas penales, que contempla la responsabilidad penal de personas jurídicas por delitos cometidos contra defensores, y se introducen agravantes específicas en la Ley de Delitos Económicos cuando los hechos afecten a activistas ambientales.

Qué dice el proyecto

El proyecto aprueba una serie de definiciones, entre ellas, el término de “defensores de derechos humanos en asuntos ambientales" como personas, grupos u organizaciones que desempeñan labores de promoción y/o defensa de derechos humanos en asuntos ambientales y de protección de la naturaleza.

Igualmente, determina que “entorno seguro” es aquel en donde las personas, grupos u organizaciones, actúan sin ningún tipo de amenazas, restricciones, perturbación o vulneración, en razón de la defensa de DD.HH. en asuntos de medio ambiente.

En relación al rol del Estado, este debe garantizar, respetar y promover, a través de sus órganos y políticas públicas, los derechos, como también la coordinación entre organismos públicos, la adopción de medidas tempranas frente a agresiones y la garantía de participación segura e informada, especialmente de grupos en situación de vulnerabilidad.

Se espera que el debate en la Sala de la Cámara Baja se realice dentro de las próximas semanas.