Protección de humedales, una lucha ciudadana

En esta columna, la docente de Santo Tomás, Karla Linco Acuña e integrante de Colectivo Cuenca Sur y la Red Plurinacional de Humedales de Chile, reflexiona respecto de cuánto hemos avanzando en esta materia y advierte los desafíos futuros.

Hasta hace pocos años atrás, cuando en Chile se hablaba de humedales, el concepto quedaba algo ajeno al común de las personas. El tema de la protección de estos ecosistemas era cosa de agrupaciones de expertos y de pocas organizaciones ambientales distribuidas a lo largo del país; mientras tanto, las denuncias de conductas nocivas contra estos espacios descansaban en los escritorios de aquellas autoridades que poco conocimiento tenían al respecto y que, poco valor le otorgaban al llamado de atención que hacían los distintos movimientos ambientalistas. 

En la actualidad y gracias al trabajo de educación que la propia ciudadanía ha realizado, tenemos cada vez más territorios conscientes de la importancia de estos ecosistemas, generándose en ellos, redes de protección y visibilización de los humedales en cada punto del país, cuyo trabajo ha posibilitado la incidencia tanto en el diseño, como en la implementación de la política pública, lo que vio sus frutos en la creación de la ley 21.202 de Humedales Urbanos y su reglamento que entró en vigencia el 24 de noviembre de 2020. Ley que aún no alcanza a dar satisfacción completa a la necesidad de conservación, pues sólo regula humedales en el radio urbano, dejando fuera la protección íntegra de los más de 40.000 humedales en todo el país, pero que sin duda gran parte de la sociedad entiende como un avance.

La ciudadanía organizada juega un rol preponderante en torno a la visibilización, la protección y la puesta en valor de los humedales, sin ello, el avance en la destrucción de estos vitales espacios sería tristemente mayor, pero ¿es únicamente la ciudadanía la responsable de generar estrategias para la conservación de los humedales? ¿Cuánta importancia le otorga el Estado chileno a poner en valor cada hualve, laguna, marisma, estuario, bofedal, o cada turbera? ¿Cómo es posible que, considerando que nuestro país es uno de los 18 más vulnerables a nivel global por los efectos del Cambio Climático, aún no exista una política pública clara que persiga la mitigación y adaptación en torno al fuerte impacto que este tendrá sobre la escasez de agua en las comunidades?; ¿Qué se está haciendo para proteger la seguridad alimentaria en las zonas urbanas y rurales?; ¿Cuáles son los planes curriculares sobre educación ambiental en las escuelas públicas?; ¿Por qué no se implementan estrategias vecinales para el monitoreo y fiscalización de malas prácticas en los espacios protegidos?, ¿Cuándo firmará Chile el Acuerdo de Escazú?... Dudas que plantean la urgencia de generar acciones responsables, pero también rupturistas en torno a los nuevos desafíos que este escenario nos presenta.

Por último, es de vital importancia que el epicentro del diálogo entre el gobierno, el mundo privado y la sociedad civil se concentre también en el modelo de desarrollo extractivo que hoy impera y que pone en riesgo los ecosistemas hídricos en nuestro país y, con ello, cerremos el continuo debate en torno a la duración de las duchas que tomamos a diario, porque el comparativo asimétrico de la huella hídrica entre las personas y las industrias, será siempre un total ridículo.