Impactos diferenciados del cambio climático a la comunidad LGBTIQ+

Débora Fernández, Coordinadora de Género & Subjetividades Trans y Felipe Fontecilla, Director y Coordinador de Política Social de la ONG CERES, nos cuentan sobre cómo la comunidad LGBTIG+ es impactada y su participación en las discusiones climáticas internacionales.

Es innegable que desde el 2020 se han hecho considerables progresos en materia de género y cambio climático, tanto en Chile como en el mundo. El 2014, vimos por primera vez en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el nacimiento de un programa que conectaba asuntos de género con cambio climático en la decisión 18/CP.20 que estableció el Programa de Trabajo de Lima en Género que tuvo como objetivo avanzar hacia el balance de género e integrar consideraciones de género en el trabajo de las partes, del secretariado en la convención y del acuerdo de parís, para así alcanzar acciones y políticas climáticas género responsivas. En la COP23, tres años después, se estableció el primer Plan de Acción de Género (GAP). Luego, el 2019 en la COP25, habiendo terminado el plazo de este programa, se decidió implementar un programa fortalecido de género acompañado de su programa de acción (con las medidas específicas para cumplirlo).

Chile, durante su presidencia en la COP25, propuso la versión mejorada del programa de trabajo de Lima y el anexo del programa de acción de género, a través del cual identifican como esferas prioritarias: el fomento de la capacidad, gestión del conocimiento y comunicación; el equilibrio de género, participación y liderazgo de la mujer; la coherencia; y la vigilancia y presentación de informes. Los esfuerzo de ese trabajo en Chile resultaron en la creación de “La Lista de Chequeo para Integrar Enfoque de Género en los Instrumentos de Gestión de Cambio Climático”, un instrumento que tiene como objetivo el asegurar que la gestión del cambio climático en todas sus aristas comprenda dimensiones de género, que consideren las esferas anteriormente mencionadas, a través de la generación de criterios e indicadores transversales, enfocados en las etapas de diseño, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental.

A pesar de los avances que hemos realizado en materia de género y cambio climático, aún nos queda mucho por avanzar, debido a que hoy el género y la inclusión aún están limitados por las barreras del modelo de género binario que excluye las identidades trans y no binarias y que mantiene invisibilizado los desafíos del resto de la comunidad LGBTIQ+ frente a los impactos del cambio climáatico. Sabemos hoy en día, a través de los estudios del IPCC y de los estudios de organizaciones internacionales como CARE, que los impactos diferenciados del cambio climático en las mujeres están enraizados en las inequidades sociales a las que se enfrentan y sabemos también que el cambio climático profundiza las inequidades existentes en la sociedad. Es en esta inequidad, que mujeres y niñas tienen 14 veces más posibilidad de morir en desastres ecológicos que hombres.  Sabemos también, que la comunidad LGBTIQ+ es, junto a las mujeres, uno de los grupos sociales que han sido históricamente marginalizados, cuyos derechos alrededor del mundo se ven sistemáticamente violados por política pública cisheteronormativa de sistemas políticos patriarcales. A pesar de esto, aún no tenemos siquiera investigación que descubra y visibilice los impactos diferenciados del cambio climático a la comunidad LGBTIQ+ y menos aún tenemos política climática que nos considere y que busque proteger nuestros derechos.

¿Cómo podemos vincular entonces el cambio climático a la comunidad LGBTIQ+? 

La pandemia del COVID-19 ha demostrado cómo estas inequidades sociales existentes alrededor del mundo se manifiestan en momentos de crisis. El “Informe a la Asamblea General de la ONU sobre el Impacto de la Pandemia de COVID-19 en los Derechos Humanos de las Personas LGBT” es ilustrativo de las alarmantes consecuencias que tiene una crisis sanitaria en personas sexo-género divergente. Ejemplos de esto están en los aumentos de violencia reportada, donde las medidas de aislamiento, el aumento del estrés y la exposición a familias irrespetuosas exacerban el riesgo de violencia en el hogar. En las calles, se reportan también un aumento de detenciones arbitrarias, crímenes de odio y exposición dañina en redes sociales, como parte de la violencia física y psicológica infligida en la población LGBTIQ+. Esto por supuesto, tiene consecuencias en la salud mental de personas LGBTIQ+ donde la inestabilidad socioeconómica, la incapacidad para salir de entornos abusivos y la agravación de la ansiedad, tienen como consecuencia el aumento en las cifras de llamadas en las que una persona contacta por contemplar el suicidio.

De la misma manera, el reporte señala que la disparidad social se ha visto profundizada y que las personas LGBT están desproporcionadamente representadas en los grupos de personas pobres, personas sin hogar y personas sin atención médica. «En muchos casos, personas LGBT dependen desmedidamente de ingresos informales y cuando se ubican en empleos formales, las personas LGBT tienen más probabilidades de trabajar en industrias altamente afectadas por la pandemia, como servicios de comida, comercio minorista, aseo, sector público de la educación, hospitales y trabajo sexual»

En la misma línea de lo anterior, la pandemia del COVID-19 impactó el acceso a atención y servicios relacionados con el VIH, donde se reportó que un 23% de personas participantes en una encuesta mundial, habían perdido el acceso a los proveedores de atención del VIH como medidas de aislamiento social por COVID-19.

En la actualidad, a poco más de dos años del primer brote de SAR-CoV-2, en Wuhan, China, contamos con la certeza científica suficiente para constatar que la causa del cambio climático no es exógena a nuestra especie, sino que es consecuencia directa de la manera en que habitamos el planeta. La comunidad científica internacional ha demostrado a través de innumerables investigaciones, informes y estudios, que las técnicas de producción masiva de alimentos están detrás de la zoonosis, fenómeno que se explica por la migración de un virus de una especie a otra. El hacinamiento, la alienación, la crueldad y la insalubridad infraestructural en que viven miles de animales hace que la frecuencia de la migración interespecie de virus como el SAR-CoV-2 sea cada vez más corta. Esto es importante dado que, además de hacernos comprender que eventual serialidad de las pandemias para nuestro presente, solicita un desplazamiento de perspectiva fundamental para los esfuerzos y articulaciones en pos de la justicia climática: el cambio climático no es “problema” propiamente tal, sino un efecto de relaciones antropotécnicas a escala global.

Cuando pensamos en identificar cuáles son los efectos más duros del cambio climático en la población sexodisidente, lo primero que notamos es la falta de estudios cualitativos e instrumentos cuantitativos que permitan comprender la especificidad del fenómeno. Sin embargo, la conexión con centros universitarios y la experiencia del activismo de organizaciones civiles como CERES nos permite vislumbrar los márgenes de futuros diagnósticos. En primero lugar, notamos que la crisis generada por el COVID-19 es tan solo una de las muchas crisis (sanitarias, económico-políticas, sociales, culturales y medioambientales) que el Cambio Climático generará en el mundo. Es de esperar que los desastres naturales producidos por eventos climáticos extremos, como lo son los huracanes, las marejadas, las tormentas y los diluvios, tengan una consecuencia diferenciada en las comunidades afectadas. A mayor vulnerabilidad, mayor la dificultad que tienen poblaciones y conjuntos sociales específicos para darle respuesta a los mínimos que condicionan su sobrevivencia y la sostenibilidad de sus vidas. Entramos aquí en materia de problemáticas sociales con un alto grado de especificidad.

¿Cómo se ve Chile en este proceso?

En Chile, han surgido esfuerzos para comprender la gravedad de las consecuencias psicosociales del COVID-19 en la población sexodisidente. Pese a las expectativas y al pronóstico generado por un contexto de desinterés gubernamental y de falta de políticas públicas específicas, la asociatividad entre universidades, organizaciones civiles y la Red de Oficinas de la Diversidad (Red Nacional de Municipalidades con Oficinas de Diversidad, Inclusión y No Discriminación) ha podido, efectivamente, contrarrestar ese déficit, con instrumentos y estudios cuantitativos a base de voluntad y esfuerzos humanos compartidos. 

He aquí algunos de sus resultados. 

Por un lado, la encuesta nacional Redes de apoyo Social y Salud Psicológica en personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero y otras orientaciones sexuales e identidades de género no normativas (LGTB+) durante la pandemia del COVID-19 en Chile (junio, 2020), realizada por MUMS, la Universidad Católica del Norte y la Universidad Alberto Hurtado nos dan a conocer que de un universo de 1.203 encuestades, 68% de las personas encuestadas vio afectados sus ingresos de manera negativa; un 12,2% declaró haberse quedado sin ingresos; en esa fecha un 53,9% vivía con sus (ma)padres y el 18,7% se vio forzado, forzada o forzade a retornar al hogar de sus (ma)padres; el 14,8% declaró que se sintió “demasiado incómodo” en el primer periodo de la cuarentena, el 19,5% “muy incómodo” y 16,7% “bastante”. Asimismo, entre los datos relevados destaca que mientras que la mitad de las personas encuestadas habría pensado suicidarse en algún momento de su vida, 1 de cada 5 lo ha intentado, cuestión directamente relacionada con el deterioro de sus vidas durante la cuarentena: 4 de 5 de las personas encuestadas se habría sentido “muy o demasiado afectada emocionalmente” por la pandemia del COVID.

Por otro lado, el primer Estudio sobre derecho a la vivienda y a un entorno adecuado para disidencias sexuales y de género (diciembre, 2021), elaborado por Corporación de Estudios Sociales y Educación (SUR), junto a ONG Organizado Trans Diversidades (OTD), nos demuestra algo que, quienes hemos seguido los informes de derecho internacional y las campañas de visibilización de los derechos de las personas trans* ya intuíamos: en términos comparativos, la población trans* es aquella cuyos índices de violencia multidimensional aumentaron de manera más dramática, debido precisamente a que es la población con los mayores índices de vulnerabilidad agravada en nuestra región. Sin perjuicio de esto último, los niveles de vulneración de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la población sexodisidente (en general) en materia del derecho a la vivienda son altísimos. De un universo de 735 personas encuestadas, residentes mayores de edad de 139 comunas del país, el 36,4% no hace uso del espacio público porque se sienten insegures; un 24,4% vive en situación de allegamiento; en términos de la cantidad de convivientes, un 51,2% declara vivir con entre 3 y 5 personas y un 9,7% con entre 6 y 10 personas; un 31% habita en viviendas colectivas en altura y un 22% en viviendas sociales; un 35% vive con una renta de entre $0 a $150.000 pesos chilenos, un 30,4% con entre $151.00 y $250.000 pesos chilenos; el 93,3% declara que la vivienda en Chile sí es un problema.

Es importante remarcar que, según los hallazgos consignados por este último estudio, la necesidad de luz solar, agua potable, una mayor cantidad de metros cuadrados por habitante al interior de las viviendas y la importancia de vivir en un entorno psicosocial en sintonía con las lógicas de cuidado vinculadas al modo de vida de una persona sexodisidente, devienen prioritarias. El hacinamiento, la falta de acceso a bienes y servicios, así como la carencia de respuestas a sus necesidades específicas son factores que deterioran de manera insoslayable la habitabilidad de nuestras vidas.

Para finalizar, nos gustaría, siendo lo más claros posible, reiterar nuestro argumento central: toda vez que sopesamos racionalmente, con respaldo socio-analítico en mano, que la causa objetiva de la mundialización de la crisis socio-sanitaria son, en primera y última instancia, los efectos multidimensionales del cambio climático, este último deviene el motor de la agudización de la desigualdad sistémica, cuyo responsable es, en términos genéricos, la especie humana, mientras que, en específico, en materia de igualdad de género, lo es la falta de políticas con perspectiva de derechos y justicia climática. Mirado desde ese punto de vista la especificidad de las determinaciones que caracterizan el habitar de la población sexo-disidente se encuentra prticularmente condicionada por variables que constituyen la “primera línea” de las necesidades en materia del cambio climático. A saber, agua potable y sin contaminación, luz solar, acceso a servicios de salud, tener al menos dos habitaciones, condiciones de aislamiento y termoacústicas adecuadas al clima y el ruido, los espacios públicos seguros, el desplazamiento por la ciudad, las áreas verdes, el acceso a servicios de comunicación, energías renovables, espacios para trabajar al interior del hogar, acceso a tierra cultivable, la posibilidad de ampliar la vivienda, espacios libres de violencia y hogares cuyos familiares o convivientes no estén expuestos a la precariedad de sus condiciones de vida pudiendo desarrollar estrategias grupales para sobrellevar las dificultades asociadas al prejuicio sexual (discriminación, desprecio, agobio, cuadros psico-anímicos negativos, estrés crónico, automedicación, dependencia al uso de drogas, trabajo informal obligatorio y exposición a las distintas formas de violencia).

Es por todas estas razones que necesitamos urgentemente que las políticas climáticas incluyan la especificidad de los impactos diferenciados del cambio climático en la comunidad LGBTIQ+, cuidando que estas provengan de investigaciones y articulaciones proactivas que, en efecto, incluyan a la comunidad en la toma de decisiones, para así poder prepararnos ante los desafíos del futuro y proteger los derechos de nuestra población.