¿Conservación o infraestructura?

El director ejecutivo del Centro de Humedales Río Cruces UACH, Dr. Ignacio Rodríguez, aborda en esta columna la actual discusión entre conservar los humedales y la construcción de proyectos.

A casi tres años de la implementación de la Ley 21.202 de Humedales Urbanos, y la posterior publicación del reglamento que lo rige (un año después), la pregunta de qué es más importante, si conservar los humedales o proveer de infraestructura y servicios (viviendas, puentes, rutas u otros) está más vigente que nunca. 

Los municipios y las comunidades que viven en torno a humedales urbanos han reaccionado, organizándose y presentando sus declaratorias de acuerdo a lo que indica la ley; y por otro lado, tanto servicios públicos como empresas privadas han presentado consultas y reclamaciones en diversas instancias para asegurar llevar adelante sus proyectos. 

Esta confrontación entre conservación e infraestructura ha generado más de una polémica en diversas partes del país. Algunos han llegado incluso a alegar que esta ley pasa a llevar derechos humanos como el acceso a la vivienda.

Desde nuestro punto de vista, esto es más bien un falso debate porque nos fijamos en el “qué” (se puede o no instalar infraestructura) y no en el “cómo” (cómo instalar infraestructura que no atente contra los humedales). 

La Ley de Humedales Urbanos se rige sobre criterios mínimos de sustentabilidad que fueron especialmente diseñados para asegurar la conservación de estos ecosistemas, el bienestar humano y compatibilizarlos con el desarrollo urbano y la infraestructura pública, abriendo más bien una oportunidad que debemos instalar en el debate público. 

Los humedales son ecosistemas muy relevantes para asegurar la vida humana, por lo que si estos criterios no pueden ser aplicados, el proyecto no debería implementarse ya que son una guía para entender cómo hacer las cosas en forma correcta. 

No dejemos que el “qué” nos frene a mantener humedales y desarrollar proyectos que son necesarios para el país, para lo cual urge más diálogo y más trabajo conjunto entre los especialistas, la sociedad civil organizada, los servicios públicos y los desarrolladores de proyectos inmobiliarios o de infraestructura.