Entrevistas
Por Valentina Cortés Lehuei , 27 de junio de 2023 | 10:38

Lo bueno, lo malo y lo feo: expertas realizan balance de Ley Sbap y el rol de las industrias salmoneras

La integrante de Chile Sustentable, María Isabel Manzur y desde Observatorio Ciudadano, Lorena Arce. Crédito: Cedida.
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María Isabel Manzur, de Chile Sustentable y Lorena Arce, del Observatorio Ciudadano, abordan la nueva norma que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Tras un largo proceso legislativo, fue aprobada la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap), estableciendo una nueva era de conservación con avances en la protección de valiosos ecosistemas.

La normativa no estuvo exenta de polémicas, ya que enfrentó críticas por no regular futuras concesiones industriales en áreas protegidas, como la acuícola.

La aprobación de la ley del Sbap enfrentó desafíos y conflictos, especialmente debido a la inclusión de concesiones industriales dentro de las áreas protegidas, generando críticas por parte de comunidades y organizaciones ambientales. 

Junto con la campaña generada por empresas salmoneras en la recta final de su tramitación, señalando que un alto porcentaje de sus centros de operaciones se encuentran al interior de áreas protegidas y que esta ley afectaría al empleo. 

La aprobación de la ley es considerada un hito en la conservación de la biodiversidad en Chile, por el Ministerio del Medio Ambiente por establecer las bases para una mejor protección de los ecosistemas.

Sobre estos temas, dos especialistas comparten sus opiniones con respecto al valor e importancia de esta nueva ley para Chile, como también sus aspectos críticos.

Se trata de María Isabel Manzur, miembro de Chile Sustentable, experta en biodiversidad, organismos transgénicos, recursos genéticos y agricultura sustentable, quien fue protagonista desde la sociedad civil en la historia de la tramitación de la Ley Sbap.

Asimismo, Lorena Arce, coordinadora del Consorcio TICCA para el Cono Sur, co directora del Observatorio Ciudadano y coordinadora del Programa Biodiversidad y alternativas al desarrollo, quien también fue parte activa en observaciones e incidencia frente a la tramitación de la ley en el Congreso en los últimos años en materia de estándares internacionales sobre gobernanza, pueblos indígenas y conservación.

Lo bueno, lo malo y lo feo

Con respecto a los temas destacados de esta norma para la naturaleza en Chile, la experta María Isabel Manzur, explica que uno de los principales temas destacados de la ley es que logra completar la institucionalidad ambiental en el país.

"Es una ley dedicada exclusivamente para la conservación de la biodiversidad, lo cual es muy importante, nosotros hemos firmado la Convención de la Biodiversidad Biológica, pero no teníamos una ley que la implemente y tenemos más de 160 artículos dedicados exclusivamente para instrumentos para la conservación de la biodiversidad, la cual está muy amenazada en Chile y es muy importante tener estos instrumentos”, comenta.

Por su parte, la coordinadora del Consorcio Ticca para el Cono Sur, Lorena Arce, destaca el proyecto que va permitir supervisar las distintas áreas protegidas bajo una misma institución.

Así también ambas especialistas se refirieron a los puntos críticos de la nueva ley o controversias que acompañaron su tramitación y resultado final.

“En el tema de las concesiones lamentablemente no salió lo que hubiéramos querido, pero sí quedaron cerradas las tres categorías más estrictas que son las reservas de región virgen, los parques nacionales y en los monumentos naturales, ahí no se permite las actividades de salmonicultura, pero como dije, sí, en las reservas nacionales y forestales de acuerdo a la ley de pesca, en el artículo 158 quedó vigente”, indica Manzur.

Opinión que comparte Lorena Arce quien aborda el periodo de la tramitación de la ley, explicando que el error inicial fue tratar de integrar muchos temas en un solo proyecto, juntando la creación del servicio de biodiversidad y el Sistema Nacional de áreas protegidas.

“Me parece que fue el principal error que tuvo de origen este proyecto de ley es que hizo su tramitación muy larga y muy compleja, quizás si se hubiera discutido por separado el Servicio y el Sistema, podríamos haber entrado en una discusión más profunda de cada uno de los temas, sobre todo la del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que es lo que más le puede interesar a todo el mundo y a la sociedad civil en general”, indica.

Lo malo 

Además, Arce agrega que dentro de “lo malo” de la norma es que varios puntos no quedaron bien resueltos, como la gobernanza; es decir, quien toma las decisiones sobre las áreas de conservación.  

"Sin embargo, igual se crean las áreas de conservación privada, las áreas de conservación indígena y al Estado le permite hacer acuerdos también de conservación con distintos actores, pero sin hablar directamente de gobernanza y por lo tanto, tampoco se puede hablar mucho de sobreposición de áreas protegidas con el mundo de comunidades, principalmente indígenas, donde sabemos que la sobreposición de áreas protegidas es grande”, añade.

A su vez, la coordinadora del Consorcio TICCA para el Cono Sur habla sobre la recta final de tramitación del proyecto, relacionado a la controversia generada por empresas salmoneras y en cómo la ley afectaría el empleo.

“Eso termina dejando un sabor amargo de un proyecto de ley que se tramitó durante tanto tiempo donde tantos llevaron sus voces, pero termina cerrándose con el fondo de la captura corporativa de la industria salmonera. Refleja también en lo que estamos, la fuerza que tiene y el poder que tiene la industria para informar mal para distorsionar la información y poner sus intereses por delante de otros que son mayores, en este caso de la conservación de la biodiversidad”, enfatiza Arce.

Finalmente, la experta concluye que el balance de la norma es difícil de realizar, dejando por un lado un sentido de felicidad por la protección a la biodiversidad, y por otro lado un sabor amargo.

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