Parcelas: ¿Cómo evitar el desierto?

Cristián Ugarte, el gerente general de la consultora de proyectos ecoamigables, Armoniza, derriba en esta columna de opinión algunos de los mitos sobre las parcelaciones.

Desde el 2021 las parcelaciones han estado en el centro de la opinión pública. 

Ha habido circulares, oficios, demandas, querellas, diálogos organizados por el gobierno, y en el futuro no tan lejano, esperemos, un proyecto de ley. La verdad es que ha sido un proceso desorganizado y caótico.

Como emprendedor, estoy convencido de que la iniciativa privada y el libre mercado son clave, pero los medios de comunicación, la opinión pública y el gobierno han presentado a todos los desarrolladores de parcelas como el demonio capitalista anti-ecosistema. 

Revisando los proyectos del mercado los hay de todos los tipos; regulares, malos (la mayoría), malos que se hacen pasar por buenos (los peores) y algunos pocos que están hechos a conciencia, al que le caiga el sombrero que se lo ponga dicen por ahí, pero a los ojos de la opinión pública justos, pagan por pecadores. 

Surge la pregunta ¿Se puede respetar el equilibrio entre iniciativa privada y desarrollos que no dañe el medioambiente?, o incluso una pregunta más ambiciosa ¿Esos desarrollos pueden recuperar la tierra y los ecosistemas? 

Estoy convencido de que sí se puede, es más, junto a mis socios nos hemos dedicado a hacer desarrollos de ese tipo con muy buenos resultados, al igual que otros actores del mercado. Sin embargo, hoy en día esto queda en mano exclusivamente de los privados, el estado ha tomado un rol secundario en promover este tipo de desarrollos.

Para que el estado pase a un rol propositivo y articulador debe encontrar un hilo conductor que reúna a todos los actores, que deje contentos, o no tan insatisfechos a todos los involucrados.

Antes de ir al fondo del tema es buen hacer un poco de historia. 

Esta etapa del problema de las parcelaciones (hay tres proyectos de ley fallidos) parte cuando el Gobierno del Presidente Gabriel Boric frena el asunto con una polémica circular de baja eficacia, hay quienes la valoran y quienes la critican, pero lo cierto es que se han seguido haciendo parcelas.

La respuesta fue la formación de una asociación gremial llamada Chile Rural, cuyo acto más famoso ha sido demandar al gobierno y dice representar a parceleros y compradores. Luego han venido muchas noticias, conversatorios, webinars y columnas de opinión como ésta.

La discusión no tiene un hilo conductor claro, es caótica y cada grupo quiere lo propio. 

Lamentablemente he visto como autoridades, opinión pública, agricultores y desarrolladores están anestesiados con el asunto, todos aportando buenas ideas (clustering, regular lo periurbano, DRC, cooperativas, transectos, etc.), pero ninguna pone el foco en la raíz del asunto, todas son propuestas concretas con objetivos específicos, pero les falta una brújula.

Aquí la idea es proponer un hilo conductor, un concepto base, que oriente todo el proceso. Este hilo conductor parte con lo básico: los cuerpos de agua, el piso vegetacional, la flora y fauna que componen un ecosistema o un campo productivo. 

Estos elementos solo pueden alterarse hasta cierto punto antes de perder su capacidad productiva o de regeneración. Cuando se altera más allá de ese límite se ingresa en un punto sin retorno que, a menos que se haga rewilding o regeneración del suelo, desemboca en procesos de desertificación.

Según Conaf en su Reporte Nacional de Degradación de las Tierras, en Chile existen 17 millones de hectáreas en alto riesgo o muy alto de desertificación. 

Las parcelaciones mal planificadas son uno de los factores contribuyentes al problema, ejemplos claros son la zona del Pangal al sur de Cahuil y Los Vilos, entre otros. La lista es larga y las imágenes satelitales no mienten, la evidencia es clara y está al alcance de todos. 

Para evitar la degradación, en los parques nacionales se utiliza un concepto denominado “Capacidad de Carga Ecosistémica”, que busca determinar cuántos visitantes diarios pueden entrar a un parque sin alterarlo. 

Es imprescindible que acuñemos un concepto de “Capacidad de Carga Rural”, para lograr desarrollo pero sin renunciar al cuidado de los ecosistemas y la productividad agrícola. 

La respuesta que se busca responder con el concepto es muy sencilla: Si quiero hacer un proyecto de parcelas en la ruralidad ¿Cuánta gente y parcelas puedo meter sin convertir un campo productivo o un ecosistema en un desierto? 

No nos confundamos, el concepto es necesario para proyectos que se hagan en campos productivos, ecosistemas de conservación o proyectos mixtos. Es vital porque si la tierra se torna en desierto, ninguna de las otras discusiones sobre planificación tiene mucho sentido. Es clave partir por la base. 

La fórmula de cálculo no es sencilla, y no tiene respuesta única, implica líneas base, estudios de la salud del piso vegetacional, ADN de nutrientes del suelo, etc. ¡Son muchas cosas!, pero es lo que se necesita.

El concepto es bueno, pero tiene un gran desafío práctico, del que soy plenamente consciente: ¿Cómo se lleva a cabo en un país con realidades tan diferentes como Chile? 

La solución no puede ser la misma en realidades tan distintas como Aysén o Arica, y es importante entender que no todos los actores, ni el Estado, tienen los recursos para pagar costosos estudios y ver cada caso de forma eficiente. Se requiere una regla general que logre representar distintas realidades regionales particulares. 

Así como aparecen los problemas aparecen las soluciones, este año, mientras participaba de una mesa de dialogo organizada por la "Comicivyt" surgió una idea que torna viable el concepto: usar los mapas del SEA sobre “Relevancias de Sitio”, que se utilizan en el proceso de determinación de las compensaciones ambientales.

Estos planos califican los ecosistemas nacionales según su fragilidad. Así, la formula se simplifica bastante porque estos instrumentos están muy actualizados y completos. 

Se pueden permitir porcentajes de subdivisión sobre la base de la fragilidad de un ecosistema, en un rango del 5% al 40%, lo que debe ser complementado con la posibilidad de aumentar o disminuir el porcentaje según las condiciones específicas del lugar, y las medidas específicas que tome el proyecto. Por ejemplo, si van a reforestar debería aumentar el %, si no hay ninguna medida de mitigación debería quedar en el mínimo legal.

Lo más cercano que se ha propuesto son algunas tímidas citas a Randal Arendt por parte de algunos urbanistas chilenos, que siguiendo al estadounidense proponen un 50% a rajatabla. 

Valoro la genialidad de Arendt y el esfuerzo de quienes lo citan, pero aquello no se adapta a la realidad chilena, la fórmula de Chile debe ser más ambiciosa y utilizar la institucionalidad y herramientas existentes. 

Sin duda que quedan preguntas por responder para las que se pueden dedicar muchas páginas: ¿Quién fiscaliza?, ¿Como se definen los porcentajes?, ¿Quién modifica el mapa y cada cuanto se actualiza?, ¿Qué pasa si se incumple?, etc.

El presidente Boric anunció el martes 12 de septiembre la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, cuya principal tarea es encontrar una solución al problema de las parcelaciones. 

Ojalá acuñen el concepto, y respondan las preguntas que quedan, incluso si no toman el concepto todo va a estar bien si se limitan con un esfuerzo adecuado y honesto a responder: ¿Cuántas personas pueden habitar en cada lugar de manera sostenible sin que pierda su vocación productiva o capacidad de regeneración?

Quien sabe quizás tener reglas claras ayude a la economía, proteja el medioambiente, y fomente la recuperación del suelo, suena muy bueno para ser verdad, pero de cumplirse seria uno de los legados políticos de un gobierno al que le han resultado difíciles las cosas, por decir lo menos.